Se han cumplido ya tres años de la aprobación por el Gobierno del Real Decreto Ley 16/2012 que puso fin en nuestro país a la Sanidad Pública Universal al sustituir el derecho a la salud para todos por el aseguramiento.
Lleva en vigor más de mil cien días en los que cerca de 900 mil personas, sobre todo inmigrantes sin permiso de residencia pero también parados y pensionistas, han visto como le retiraban su tarjeta sanitaria, perdían su derecho a la salud y han tenido que pagarse sus medicinas.
Con el fin de acabar con estas vulneraciones del derecho a la salud, la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria, SemFYC y la Escuela Andaluza de Salud Pública, EASP se unen a Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana, ODOSALUD para trabajar juntas en dos plataformas: Reder la red de denuncia de y resistencia al Real Decreto 16/2102 y la Alianza contra las inequidades en Salud.
Todas ellas califican de insuficiente el paso atrás dado por el Ministro de Sanidad, que ha anunciado que el Gobierno permitiría la asistencia en la Atención Primaria de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria aunque sin restituirles la tarjeta sanitaria. Una medida que todavia han de asumir las Comunidades Autónomas en el próximo Consejo Interterritorial