La veintena de organizaciones impulsoras de la campaña #DespuésDeAplaudir, —entre las que se encuentran la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Médicos del Mundo, Salud por Derecho y la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública, además de los principales sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública— solicitan al Congreso un mayor compromiso para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Ante el debate y votación en el día de hoy de las conclusiones definitivas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, las organizaciones firmantes consideran insuficiente el texto preliminar en materias como financiación o política farmacéutica y recomiendan la inclusión de medidas específicas que refuercen y blinden la sanidad pública, que durante tantos años ha sido referente a nivel internacional.
La solicitud de un incremento de 1.000 euros por persona al año con visión finalista de la partida presupuestaria destinada a Sanidad constituye una de las principales claves de las reclamaciones que las organizaciones han trasladado a las diputadas y a los diputados de cara al Pleno del Congreso que hoy se celebra.
Según defienden las organizaciones firmantes, la COVID-19 ha evidenciado cómo las políticas de recortes en materia sanitaria de la última década han debilitado nuestro sistema sanitario, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población en su conjunto, y de manera especial la de las y los profesionales del ámbito sanitario. En este sentido, las organizaciones impulsoras de MásSanidad, vieron en el trabajo de la Comisión para la reconstrucción social y económica como una oportunidad para revertir esas políticas fallidas y construir un nuevo consenso en torno a un modelo fortalecido de Sanidad Pública y Universal. Sin embargo, “el dictamen preliminar que se vota hoy en el Pleno, no solo no ha conseguido un apoyo amplio, sino que también evidencia importantes carencias en materias clave”, explican.
Por estas razones, las organizaciones promotoras de #DespuésDeAplaudir quieren trasladar una serie de valoraciones, con la esperanza de que sean incorporadas durante el debate en el Pleno del Congreso.
En materia de financiación
La gran mayoría de los compromisos recogidos en el dictamen final de la Comisión exigen de una dotación presupuestaria suficiente. Sin embargo, el apartado referido a la financiación del Sistema Nacional de Salud destaca por su falta de compromisos específicos. En ese sentido, las organizaciones señalan que:
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Vincular el aumento del presupuesto sanitario al PIB es un error. Las organizaciones firmantes consideran que este criterio es inadecuado, puesto que se expone a que en épocas de recesión suponga una importante disminución de la dotación presupuestaria. Por el contrario, apuestan por un criterio basado en euros, por persona y año, estableciendo como objetivo situarnos en el promedio de la UE a final de legislatura. En números absolutos, este aumento se traduce en 1000 euros por persona/año respecto al gasto actual.
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Se debería asignar un porcentaje del presupuesto en salud a áreas infradotadas. En concreto, un 25% del presupuesto público a Atención Primaria; un 2,5%, a Salud Pública; y un 2%, a investigación en salud. Tres áreas que han resultado esenciales en la actual pandemia.
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El fondo de reconstrucción debería priorizar la contratación de personal de Atención Primaria y aumentar la creación de camas de media y larga estancia en centros de gestión pública.
Universalización del derecho a la atención sanitaria
La Comisión contempla como un objetivo el refuerzo y consolidación de la universalidad de la atención sanitaria, pero sus conclusiones adolecen de dos importantes omisiones:
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El carácter de urgencia de la medida: Las organizaciones firmantes recomiendan que se incluya un compromiso explícito para dar prioridad absoluta a la tramitación de este proyecto de ley.
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Dar respuesta a la especial vulnerabilidad de las personas ascendientes reagrupadas. Es decir, incluir a la personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar, personas que, por su avanzada edad, constituyen un colectivo de riesgo ante la actual pandemia.
La importancia de la prevención
La actual crisis generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto que en materia de salud pública el sistema sanitario también debe focalizarse en aquellas condiciones sociales y materiales que ejercen de determinantes de la salud. En ese sentido, la plataforma MásSanidad sugiere:
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La creación de una Agencia Estatal de Salud Pública técnica, independiente y orientada al ámbito de la protección y de la acción.
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Promover la coordinación de los servicios de salud pública con los servicios asistenciales.
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Crear, potenciar y desarrollar un Observatorio del Sistema Nacional de Salud del SNS con especial énfasis en el análisis de desigualdades y el estudio de determinantes sociales.
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Estimular la investigación en Salud Pública.
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Potenciar el Sistema de Información Sanitaria incorporando indicadores de resultados en salud.
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Impulsar la estrategia de seguridad del paciente, las recomendaciones “No hacer” y la excelencia clínica.
Política farmacéutica, producción pública y propiedad intelectual en I+D en salud
Tanto en materia de política farmacéutica como en lo referente a propiedad intelectual en la investigación y desarrollo de medicamentos, la Comisión de Reconstrucción ha perdido la oportunidad de profundizar en muchos cambios que son urgentes si se quiere asegurar el acceso y la asequibilidad de medicamentos y tecnologías sanitarias.
Se echan de menos:
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El compromiso para poner en marcha la necesaria reforma de los procesos de fijación de los precios de los medicamentos —especialmente en aquellos más novedosos y caros—.
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Las medidas que contengan el aumento del gasto farmacéutico, especialmente el hospitalario.
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Propuestas concretas para impulsar la producción pública de fármacos y tecnologías sanitarias más allá de las terapias avanzadas.
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El documento tampoco contempla una apuesta de financiación pública por la ciencia. Es necesario una ciencia abierta y una innovación con licencias abiertas, no exclusivas y que los datos sean compartidos. Solo así los posibles medicamentos o vacunas que se han desarrollado con inversión pública podrán ser accesibles para todas las personas que los necesiten, sin la barrera que supone a día de hoy la propiedad intelectual.
No existen previsiones para proteger el SNS frente a las privatizaciones
La pandemia ha evidenciado la necesidad de aumentar los recursos de los centros sanitarios de gestión pública, dado que han sido estos los ámbitos asistenciales sobre los que ha pivotado la gestión clínica de la misma. Según defienden las organizaciones firmantes: “Esta descapitalización del sector público no solo es consecuencia de los recortes presupuestarios de la última década, sino también por la apuesta por modelos privatizadores que derivan una importante parte de los escasos recursos hacia el sector privado. Estos modelos no solo se han demostrado más ineficientes que la gestión pública directa, también profundizan en la inequidad, debilitando el derecho a la protección de la salud de todas las personas”
Ante esta situación, estas organizaciones solicitan que:
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Se garantice la finalización de las privatizaciones de centros y servicios sanitarios, y se establezcan sistemas que garanticen la evaluación de los procesos privatizadores.
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El estricto control del cumplimiento de los contratos y concesiones.
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Una legislación que favorezca la recuperación de lo privatizado y un calendario para llevarla a cabo.